Concesionarias de autopistas urbanas triplicaron sus ganancias entre 2019 y 2024

Entre 2019 y 2024, las concesionarias de diversas autopistas urbanas en México experimentaron un crecimiento exponencial en sus ingresos, al pasar de mil 266 millones de pesos a 3 mil 897 millones de pesos. Este incremento, que representa casi el triple de la recaudación inicial, pone de relieve el modelo de negocio bajo el cual operan las vías concesionadas en zonas metropolitanas del país.

En contraste con el aumento en los ingresos operativos de las empresas privadas, la contraprestación recibida por el Estado mexicano durante ese mismo periodo fue notablemente baja, sumando apenas 158.8 millones de pesos. Esta disparidad ha generado cuestionamientos sobre los términos de los contratos de concesión vigentes y el balance entre el beneficio privado y el retorno público por el uso de la infraestructura vial.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) mantiene la supervisión de estos títulos de concesión, los cuales fueron otorgados en administraciones pasadas bajo esquemas de asociación público-privada. La gestión de estas vías implica que los concesionarios asumen la operación y mantenimiento, aunque la estructura tarifaria permite que el grueso de las ganancias se concentre en el sector corporativo.

Especialistas en infraestructura señalan que la revisión de estos contratos es una tarea pendiente para la actual administración federal. El objetivo es evaluar si las condiciones de rentabilidad actuales son proporcionales a las inversiones originales o si existe margen para renegociar las contraprestaciones a favor del erario público, buscando un esquema más equilibrado para los usuarios y las finanzas del Estado.

Por su parte, las empresas concesionarias han argumentado que el incremento en los ingresos se debe a factores como el aumento en el flujo vehicular y la actualización anual de las tarifas conforme a la inflación. No obstante, el debate sobre la transparencia en los contratos de concesión continúa siendo un tema central en la agenda económica del país, ante la creciente demanda de una mejor infraestructura vial con costos accesibles para la población.