El huachicol fiscal persiste como reto estructural tras cambios de 2013

La apertura del sector energético iniciada en 2013 permitió la entrada de múltiples actores privados, lo que derivó en la creación de esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía identificaron una red que simulaba la importación de combustibles, declarándolos como aditivos para eludir el pago de impuestos específicos.

Este modelo operativo consistía en ingresar hidrocarburos al país bajo clasificaciones arancelarias incorrectas para evadir gravámenes al consumo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que esta práctica afectó considerablemente la recaudación federal y generó una competencia desleal frente a los productos comercializados legalmente por Petróleos Mexicanos.

En respuesta a estas irregularidades, el Gobierno de México ha endurecido la vigilancia en las aduanas y en los puntos de almacenamiento de combustible en todo el territorio nacional. La Guardia Nacional y la Secretaría de Marina mantienen operativos conjuntos para inspeccionar la documentación de cargamentos sospechosos y verificar que los productos químicos importados correspondan realmente a lo declarado ante las autoridades fiscales.

Especialistas en la materia advierten que la complejidad del mercado energético requiere una coordinación interinstitucional permanente para evitar que las lagunas legales sean aprovechadas por grupos delictivos. La estrategia actual busca fortalecer la trazabilidad de los combustibles desde que ingresan al país hasta que llegan a las estaciones de servicio, asegurando que cada litro pague los impuestos correspondientes.

El Poder Ejecutivo ha enfatizado que la lucha contra el huachicol, tanto en su vertiente de extracción ilegal de ductos como en la fiscal, es una prioridad para garantizar la soberanía energética. Se prevé que las reformas administrativas y el uso de nuevas tecnologías de monitoreo sigan siendo los ejes centrales para desarticular las redes que aún intentan operar en la opacidad del sector privado.