Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en Sinaloa

Representantes de la industria minera en México hicieron un llamado urgente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para implementar estrategias de seguridad efectivas en las zonas mineras de Sinaloa. La petición surge tras la desaparición y asesinato de varios trabajadores en la entidad, hechos que han generado preocupación entre los gremios y las empresas del sector. Los demandantes enfatizaron que estos incidentes no deben reducirse a cifras estadísticas, sino ser atendidos como una crisis de derechos humanos y seguridad laboral.

El sector minero ha señalado que las actividades extractivas en la región se han visto obstaculizadas por la presencia de grupos delictivos, lo que pone en riesgo la integridad de los trabajadores y la viabilidad operativa de las unidades mineras. Ante este escenario, la industria solicita una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las autoridades estatales para restablecer el orden en las áreas de influencia minera.

Como parte de las propuestas, el gremio ha planteado la creación de mesas de trabajo permanentes con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El objetivo es diseñar protocolos de protección que permitan a los mineros desempeñar sus funciones sin temor a represalias o ataques. Estas propuestas buscan garantizar la integridad física del personal mediante una presencia más constante de fuerzas federales en las rutas de acceso y en las instalaciones mismas.

Por su parte, las autoridades federales han indicado que el tema de la seguridad en zonas estratégicas es prioritario dentro de la agenda nacional. Se espera que, en los próximos días, representantes de las secretarías involucradas se reúnan con los empresarios para evaluar la situación en Sinaloa y definir una hoja de ruta que permita mitigar los riesgos detectados en meses recientes.

La industria minera reiteró que la estabilidad económica del estado depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar un entorno seguro. La exigencia central sigue siendo la justicia para los mineros afectados y la implementación de acciones preventivas que eviten la repetición de hechos violentos en el futuro próximo.