Extorsión afecta hasta el cinco por ciento de la cadena del aguacate

La extorsión a productores y distribuidores de aguacate en zonas clave del país ha generado un impacto negativo que alcanza hasta el cinco por ciento del valor total de la cadena de suministro. Este fenómeno, que afecta principalmente a las regiones productoras de Michoacán, presiona los costos operativos y termina por repercutir en el precio final que pagan los consumidores, especialmente ante la alta demanda estacional como la que representa el Super Bowl en Estados Unidos.

Representantes del pequeño comercio organizado han señalado que la inseguridad no solo vulnera a los productores locales, sino que distorsiona el mercado interno y la competitividad de las exportaciones mexicanas. Ante esta situación, el sector propone que la cadena de exportación del fruto sea integrada como un eje prioritario dentro de la estrategia de seguridad pública que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en colaboración con las autoridades estatales.

La propuesta busca que las autoridades federales y estatales establezcan protocolos de vigilancia especializados en las rutas de transporte y en los centros de acopio, con el fin de reducir los riesgos que enfrentan los transportistas. Según los comerciantes, la presencia de grupos delictivos en las zonas de cultivo obliga a los productores a pagar cuotas que encarecen el producto y desincentivan la inversión en el campo mexicano.

Si bien el gobierno ha implementado operativos de la Guardia Nacional en diversas regiones agrícolas, los actores del sector comercial sostienen que es necesario reforzar la coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El objetivo es garantizar que el aguacate mexicano mantenga su posición en el mercado internacional, evitando que la incidencia delictiva se convierta en una barrera comercial insalvable.

Finalmente, la comunidad empresarial ha hecho un llamado a las autoridades para que el combate a este delito se trate con una visión integral, que contemple tanto la protección física de los trabajadores como la estabilidad económica de las familias que dependen del cultivo. Se espera que en los próximos meses se instalen mesas de trabajo donde el sector privado y las instituciones de seguridad definan acciones preventivas más eficaces para blindar la producción de aguacate frente a la delincuencia.