Frayba denuncia desalojo de familia tsotsil por parte del municipio sancristobalense

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció públicamente este lunes que la administración municipal de San Cristóbal de Las Casas, encabezada por su alcaldesa, ha vulnerado los derechos fundamentales de una familia de origen tsotsil. Según la organización, la intervención de las autoridades locales habría tenido como fin último el desalojo forzado de los ocupantes para facilitar la comercialización de un predio en la zona, ignorando los protocolos de protección a grupos vulnerables y comunidades indígenas.

El organismo de derechos humanos señaló que las acciones ejecutadas por elementos municipales contravienen los marcos jurídicos nacionales e internacionales sobre el derecho a la vivienda y el respeto a la integridad de los pueblos originarios. De acuerdo con la denuncia, la familia afectada fue retirada de su domicilio sin que mediaran las notificaciones legales correspondientes ni un proceso administrativo que garantizara su derecho de audiencia, lo que ha generado una situación de vulnerabilidad extrema para los integrantes del núcleo familiar.

Representantes de la sociedad civil han expresado su preocupación ante el posible uso de la fuerza pública municipal para fines de especulación inmobiliaria en el municipio chiapaneco. El Frayba subrayó que estos actos no son incidentes aislados, sino que forman parte de una tendencia observada en meses recientes donde se prioriza el desarrollo comercial sobre el patrimonio y la seguridad jurídica de las familias asentadas en zonas de alta plusvalía.

Ante estos señalamientos, el equipo de comunicación del ayuntamiento ha indicado que cualquier intervención realizada por la autoridad municipal se apega estrictamente a las facultades que otorga la ley para el ordenamiento territorial. Asimismo, señalaron que la administración municipal busca, a través de mesas de diálogo, resolver los conflictos de propiedad que se presentan en diversos sectores de la ciudad, siempre bajo el respeto a la normativa vigente.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos ha hecho un llamado urgente a las autoridades estatales para que intervengan en este caso y garanticen la restitución de los derechos de la familia tsotsil afectada. La organización enfatizó la necesidad de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realice una investigación exhaustiva sobre el actuar de los funcionarios municipales involucrados en el desalojo, asegurando que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de acreditarse abusos de autoridad.