Gómez Urrutia exige investigar presunta colusión entre empresas mineras y criminales
El senador Napoleón Gómez Urrutia denunció la falta de acciones oficiales ante los señalamientos de complicidad entre compañías mineras y grupos delictivos.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, urgió este sábado a las autoridades federales a iniciar una investigación formal sobre la presunta colusión entre empresas mineras y el crimen organizado. Durante una reciente intervención, el legislador señaló que, a pesar de haber presentado pruebas documentales sobre estas irregularidades, no existe hasta el momento una respuesta institucional ni avances significativos en las indagatorias por parte de las instancias correspondientes.
El dirigente sindical reprochó que la impunidad en las zonas mineras ha permitido que los intereses de grupos delictivos se entrelacen con las operaciones de extracción en diversos estados del país. Según lo expuesto, esta situación afecta directamente la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de las comunidades locales, quienes se ven vulneradas ante la ausencia de una intervención efectiva por parte de las autoridades de seguridad pública.
En su posicionamiento, Gómez Urrutia enfatizó que el silencio de las dependencias encargadas de la procuración de justicia resulta alarmante frente a la gravedad de los hechos reportados. El senador planteó la necesidad de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República coordinen esfuerzos para desarticular cualquier vínculo entre los actores privados de la minería y organizaciones criminales que operan en territorios con alta actividad extractiva.
Finalmente, el legislador adelantó que buscará formalizar nuevos exhortos ante el Senado de la República para que se auditen las concesiones y operaciones de aquellas compañías que han sido señaladas por este tipo de vínculos. La propuesta busca garantizar que la actividad minera en México se desarrolle bajo un estricto respeto al marco legal, protegiendo los derechos laborales y la integridad de los habitantes en las regiones mineras ante la expansión de la violencia e inseguridad.
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