Moody’s advierte que cambios al sistema judicial frenan la inversión privada

La agencia calificadora Moody’s informó este domingo que la inversión privada en México continúa limitada debido a la incertidumbre generada por la reciente reforma al sistema judicial. Según el análisis de la firma, los cambios en la estructura de los tribunales y la SCJN han modificado la percepción de riesgo de los inversionistas, quienes observan con cautela el entorno legal del país al momento de desplegar nuevos proyectos de capital a largo plazo.

El reporte destaca que, además de los ajustes en el Poder Judicial, otras reformas estructurales recientes han complicado el panorama para el sector empresarial. Moody’s subraya que estas modificaciones han elevado las dudas sobre la estabilidad jurídica y la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de contratos y convenios comerciales establecidos previamente, factores que son fundamentales para mantener la competitividad económica nacional.

La institución financiera advierte que la falta de claridad en la aplicación de las nuevas normas judiciales podría prolongar un periodo de espera en la toma de decisiones financieras. Esta situación afecta diversos sectores estratégicos que requieren de un marco legal predecible para operar, desde la manufactura hasta el desarrollo de infraestructura energética, donde la certeza jurídica es un requisito indispensable para atraer capitales extranjeros y nacionales.

Ante este escenario, la agencia resalta que el fortalecimiento del estado de derecho sigue siendo el principal desafío para mejorar el clima de negocios en México. La percepción de los mercados internacionales está estrechamente ligada a la independencia y eficiencia de las instituciones judiciales, elementos que, según el análisis, están bajo un proceso de transición que genera inquietud sobre los mecanismos de resolución de controversias entre particulares y el sector público.

Finalmente, el análisis subraya que el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales será determinante para recuperar el impulso inversor en el corto y mediano plazo. Las autoridades económicas deberán atender estas preocupaciones para evitar que la incertidumbre afecte el crecimiento proyectado, manteniendo el diálogo con los agentes económicos para mitigar los riesgos asociados a la implementación de los cambios legales vigentes.