Presidenta cuestiona regreso del gobernador Rocha tras incidente de seguridad

La presidenta de México cuestionó este lunes la reincorporación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sus actividades públicas tras su reciente ausencia. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal calificó el regreso del político como una decisión personal e imprudente, al tiempo que enfatizó que no existió una comunicación previa ni coordinación con el Gobierno Federal sobre dicho movimiento.

La jefa del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que no ha sostenido conversaciones con el gobernador sobre este retorno a sus funciones y adelantó que no tiene previsto establecer contacto con él en el futuro inmediato. Este posicionamiento marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno Federal y la administración estatal, en un momento donde la seguridad pública en la entidad ha sido motivo de atención nacional por parte de las autoridades civiles y militares.

El contexto de esta declaración se enmarca en las constantes evaluaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la situación operativa en los estados. Según fuentes cercanas al equipo de la presidencia, la falta de comunicación institucional ha generado inquietud en Palacio Nacional, afectando la estrategia de coordinación que se mantiene con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal ha mantenido un perfil bajo, limitándose a informar sobre la continuidad de los programas de bienestar y las actividades administrativas en la capital sinaloense. A pesar de los señalamientos de la presidencia, el mandatario estatal ha buscado retomar su agenda pública, aunque la falta de respaldo político explícito desde la capital del país añade una capa de incertidumbre sobre el futuro de la gobernabilidad en la entidad.

La postura de la presidencia refleja una política de deslinde ante acciones que considera unilaterales y que podrían comprometer la estrategia nacional de pacificación. Analistas políticos locales sugieren que este distanciamiento podría derivar en una mayor fiscalización de las acciones de gobierno en el estado, subrayando la importancia de la coordinación estrecha entre los niveles de gobierno para enfrentar los desafíos de inseguridad que aquejan a la región.